La dirección de la Cámara de Diputados de Brasil divulgó hoy una serie de normas para restringir el acceso al órgano legislativo mientras se tramita en el mismo el posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff con el fin de impedir enfrentamientos entre grupos favorables y contrarios al proceso.

Las medidas se suman a las también anunciadas por el gobierno regional de Brasilia y que impiden que los grupos que defienden a la jefe de Estado o los que exigen su renuncia monten campamentos o realicen protestas cerca al Congreso.

Las restricciones buscan impedir enfrentamientos como los que ya se han registrado entre ambos bandos en momentos en que crece la tensión en el país ante la posibilidad de que el Congreso le abra a Rousseff un juicio político con fines destituyentes.

El posible juicio puede dar un paso importante el lunes en caso de que la Comisión Especial creada para analizar si existen méritos jurídicos para procesar a la jefe de Estado vote favorablemente el informe en que su instructor defiende la apertura del proceso.

Una vez aprobada en la Comisión Especial, el caso será remitido al plenario de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir en los próximos días si autorizan al Senado a someter a la presidenta al juicio destituyente.

Ante la posibilidad de que tanto la votación en la Comisión Especial como en el plenario atraiga numerosos manifestantes, la dirección de la Cámara de Diputados impuso restricciones para el acceso a sus dependencias entre el 11 y el 21 de abril.

En ese período y por "razones de seguridad y de protección a las personas y el patrimonio físico, histórico y cultural de la institución", tan sólo podrán ingresar al edificio legislativo los diputados, sus colaboradores, los periodistas con credencial y los empleados de empresas que presten servicios al Congreso.

La dirección del órgano legislativo también decidió distribuir nuevas credenciales específicas para las personas autorizadas a circular por el plenario y sus principales salones.

Igualmente fueron prohibidas durante el período las visitas institucionales y de turistas y las sesiones solemnes y eventos que exijan la presencia de invitados ajenos a las tareas legislativas.

La decisión de la gobernación de Brasilia de prohibir campamentos en las jardines y lugares aledaños al Congreso, por su parte, regirá hasta que la Cámara se pronuncie sobre la apertura del juicio.

La primera medida de la secretaría de Seguridad Público fue comunicarle a un grupo de opositores al Gobierno que trasladen a otra plaza de Brasilia un campamento que ya habían montado en la Plaza de los Tres Poderes, que separa las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Las autoridades regionales también notificaron al Movimiento de los Sin Tierra (MST) que no podrán montar un campamento en el estacionamiento del Teatro Nacional para un acto con el que pretenden conmemorar el 17 de abril próximo el vigésimo aniversario de una matanza en la que murieron 21 miembros de la organización.

Si la Comisión Especial que analiza el posible juicio respalda por mayoría simple el lunes el informe en que su instructor recomienda darle continuidad al proceso, el caso será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.

En caso de que la Cámara Baja también lo apruebe por mayoría calificada (342 votos de 513 posibles), el caso seguirá rumbo al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.

De llegarse a ese extremo, Rousseff tendría que separarse del cargo por un período de 180 días, plazo que tiene el Senado para realizar el juicio. En ese período la presidenta sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado se inclinase por la destitución de la mandataria.

EFE